HONORABLES MAGISTRADOS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

E.                                S.                                D.

 

 

 

 

 

REF.:             DEMANDA ADMINISTRATIVA

– ACCION DE REPARACION DIRECTA/Daño Especial

DEMANDADOS:     LA NACION 

– PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

     SENADO DE LA REPUBLICA

     MINISTERIO DEL INTERIOR

     MINISTERIO DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA

     ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

                                   DEMANDANTE: JOSÉ M. FORERO BAUTISTA

                                  

 

 

 

JOSE M. FORERO BAUTISTA, mayor de edad, vecino en la actualidad de la ciudad de Fusagasuga, por medio del presente escrito manifiesto a la Honorable Corporación que confiero poder especial, amplio y suficiente en derecho a la Dra. ANDREA DEL PILAR FORERO MOYA, mayor de edad, vecina de esta ciudad de Bogotá, abogada Titulada y en ejercicio, identificada con la C. C. No. 52.228.692 de Bogotá, y .T. P. No. 165.869 del C. S de la J,, para que me represente en el proceso de la referencia y salga en defensa de mis derechos.

 

Mi apoderada queda facultada para recibir, sustituir, interponer toda clase de recursos, transigir, conciliar y en fin todas y cada una de las facultades inherentes a su cargo.

 

Sírvase Honorables Magistrados reconocerle personería para actuar en los términos y para los efectos del presente poder especial.

 

 

 

De los Honorables Magistrados,

 

 

JOSE M. FORERO BAUTISTA

C. de C. No. 18.087.102 de Bogota

 

 

 

ACEPTO,

 

 

ANDREA DEL PILAR FORERO MOYA

C.C. No. 52.228.692 de Bogotá

T.P. No. 165.869 del C.S de la J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLES MAGISTRADOS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

E.                                S.                                D.

 

 

 

 

 

REF.: DEMANDA ADMINISTRATIVA

– ACCION DE REPARACION DIRECTA/Daño Especial

DEMANDADOS:     LA NACION  

– PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

     SENADO DE LA REPUBLICA

     MINISTERIO DEL INTERIOR

     MINISTERIO DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA

     ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

                                   DEMANDANTE: JOSÉ M. FORERO BAUTISTA

                                  

 

 

 

 

                     ANDREA DEL PILAR FORERO MOYA, mayor de edad, vecina de esta ciudad de Bogotá, abogada Titulada y en ejercicio, identificada con la C. C. No. 52.228.692 de Bogotá, y .T. P. No. 165.869 del C. S de la J, en uso del poder conferido por el Dr. JOSE M. FORERO BAUTISTA, mayor de edad, vecino en la actualidad de la ciudad de Fusagasuga, por medio del presente escrito concurro ante el señor Juez, para presentar demanda de REPARACION DIRECTA en su modalidad de DAÑO ESPECIAL como consecuencia de responsabilidad estatal objetiva en contra de la LA NACIÓN: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / COMISION ASESORA (  Decreto 1957de 1996) , como Promotores del uso de Internet como medio de comunicacion y divulgación de la información del gobierno colombiano;  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, representada por su Alcalde Señor GUSTAVO PETRO o quien haga sus veces, como proveedores de un Servicio Gratuito por Internet de “Información Jurídica” por medio de su pagina Web; MINISTERIO DEL INTERIOR, representado por  el señor Ministro Dr. AURELIO IRAGORRI VALENCIA, o quien haga sus veces, como promotor de las políticas del Estado; MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA como responsables de las “bases de datos de información jurídica” del Estado, de las políticas de sistematización de esta información y como promotores de las políticas de contenidos digitales, representado por el señor Ministro Dr. DIEGO MOLANO VEGA, o quien haga sus veces; y, HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA, representado por su presidente Dr.  JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS, o quien haga sus veces, como promotor y prestador de un servicio gratuito de información jurídica sistematizada por medio de su pagina Web.

 

 

1 - PARTES DE LA DEMANDA

 

 

1.1. DEMANDANTE

JOSE M. FORERO BAUTISTA, mayor de edad y vecino de la ciudad de Fusagasuga, identificado con la C. de C. No. 17.087.102 expedida en Bogotá y representado por la Dra. ANDREA DEL PILAFOR FORERO MOYA, de acuerdo a poder que para tal efecto se agrega a la presente demanda, como sujeto pasivo de violación a la igualdad de las cargas administrativas y otros derechos fundamentales.

 

 

1.2. DEMANDADOS

La Nación, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / COMISION ASESORA (  Decreto 1957de 1996) , como Promotores del uso de Internet como medio de comunicaciones y divulgación de la información del gobierno colombiano; MINISTERIO DEL INTERIOR, representado por  el señor Ministro Dr. AURELIO IRAGORRI VALENCIA, como promotor de las políticas del Estado; MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA representado por el señor Ministro Dr. DIEGO MOLANO VEGA, como promotores de las políticas de contenidos digitales; al HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA, representado por su presidente Dr.  JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS; y , a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, representada por el Alcalde señor Gustavo Petro, como promotores de la información jurídica sistematizada publicada en sus respectivas paginas web, actividad estatal  que viola la Constitución  al imponer a mi poderdante una grave y desproporcionada carga publica que no debe soportar, enriqueciendo a la comunidad con la gratuidad de su servicio, pero empobreciendo al demandante como proveedor de información jurídica,  consecuencia de su competencia desigual.

 

 

2- ASPECTOS DE LA DEMANDA

 

a)     Responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 13, 90 y 91 de la Constitución Nacional, por daño especial al prestar gratuitamente un servicio, que venia siendo prestado onerosamente  por el demandante e imponerle una carga administrativa que no tenia por que soportar, rompiendo el principio de igualdad, afectando otros derechos fundamentales y generando un perjuicio al particular

 

b)     El Estado como ejecutor de un hecho administrativo, cual es la publicación de un “Sistema de la Información Jurídica Sistematizada”; consistente en la recuperación por Internet de textos jurídicos editados por el Estado, con herramientas que incluyen la hipervinculación de concordancias entre leyes, decretos y jurisprudencia, edición de notas de vigencia, notas de exequibilidad, exequibilidad condicionada e inexequibilidad, etc., en los respectivos textos legales originales; con  disponibilidad gratuita en la WEB para el público en general, rompe el derecho fundamental a la igualdad y trae como consecuencia un perjuicio al particular, como fue en el caso concreto, la pérdida del valor económico del  producto de mi poderdante denominado “Biblioteca Jurídica Digital”.

 

c)     Por lo anterior, al constituirse el Estado en competencia comercial “desigual” y ofrecer ese producto en forma eficiente y gratuita, impone al demandante en beneficio de la comunidad y en su perjuicio, una carga especial que no puede soportar, que trasciende y pone en grave peligro su actividad laboral como derecho fundamental, lo acaba y lo avasalla, pues no puede competir en igualdad de condiciones con la gratuidad del Estado frente a la oferta onerosa de éste servicio que hace el demandante, a pesar de ser producto de excelente calidad que una vez explotó con gran éxito en su  beneficio.

 

d)     Esta actitud benéfica del Estado para con la comunidad pero desigual con el particular, viola consecuencialmente sus derechos fundamentales a la libertad de empresa, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a escoger profesión u oficio, el derecho al trabajo, a tener un patrimonio propio como producto de una actividad licita que puedan heredar sus hijos, y pone en peligro el derecho mas sagrado como  es la vida, al no contar con los recursos económicos para satisfacer todas sus necesidades primarias.

 

e)     Confluye y explica  la anterior situación y no sobra decirlo, que mi poderdante tiene en la actualidad 70 años de edad que lo hace sujeto de protección especial, ya que no podría desempeñar otro trabajo ni gozar de pensión estatal por haber reclamado lo ahorrado en su cotización para invertirlo en la empresa que hoy se acaba, perjuicio que se asoma y se materializa al enfrentar la desigualdad del actuar del Estado reflejada en su eficiencia y gratuidad, pero prevalido de su posición dominante y del estado de indefensión de mi poderdante, donde nace la inequidad.

 

            Por estas razones solicito que el Estado indemnice a mi poderdante, en una cantidad suficiente que le rente para poder vivir el resto que le quede de vida en las mismas condiciones de dignidad que vivió antes del ”surgimiento de esta competencia desleal estatal” o, acepte cualquiera de las peticiones subsidiarias que en el respectivo capítulo formulare.

 

No sobra advertir que mi poderdante fue el pionero en la “información jurídica sistematizada” como consta en las pruebas que con la presente demanda anexo y elogiada y aplaudida su labor, habiendo sido inclusive, por medio de la empresa distribuidora del producto, postulado para el premio de “Portafolio a la Innovación”.

 

 

3 - HECHOS:

 

PRIMERO: Mi poderdante es abogado titulado egresado en el año de 1976, dedicado al derecho penal con énfasis en la intervención en audiencias públicas y con notable éxito hasta el año de 1992 fecha en el cual fue expedido el Decreto 2700 de noviembre de 1991 que abolió el Jurado de Conciencia.

 

 

SEGUNDO: Es el autor inscrito desde 1996 del software “Biblioteca Jurídica Digital” pionero en la “sistematización de la información jurídica” en nuestro país, obra a la cual se dedicó en forma exclusiva durante los últimos años, además de otras obras escritas que tiene en su haber.

 

 

TERCERO: Mi poderdante, se dedicó desde 1989 a preparar los textos legales para dirigir y editar el primer software de información jurídica que saliera al mercado en el año de 1992 con el nombre de CompuCódigosy la ayuda de la empresa “Kimera”, nombre que fue reemplazado por no ser registrable años después,  por el de “Biblioteca Jurídica Digital y cuya autoría fue registrada el día 11 de Junio de 1996 en la respectiva oficina de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.

 

Esta aplicación así creada,  facilita con un “clic” la entrada automática de consulta de documentos legales como códigos, legislación, jurisprudencia y doctrina; la búsqueda automática de textos; la impresión y recuperación automática de ellos; además contiene, herramientas para glosar los textos y marcación de ellos para búsqueda rápida. Implica lo anterior, la consecuente y necesaria actualización de toda la información mediante sus notas de vigencia, concordancia y referencia, mediante los hipervínculos necesarios para la eficiencia de la consulta de la obra. Todas estas modalidades técnicas, son el valor agregado a los “solo textos” originales expedidos y publicados por el Estado de acuerdo con la obligación de legal.

 

 

 

CUARTO: La idea fue todo un éxito que le permitió al demandante vivir dignamente convirtiéndose en su “modus vivendi” y  fuente de ingresos más que suficientes para su bienestar y el de su familia.

 

 

QUINTO.- A esta labor le fue invertido tiempo, trabajo e ingenio y los ahorros de cesantías, haciendo una realidad la “información jurídica sistematizada”, recuperable con los beneficios de la ingeniera de sistemas, primeramente en Diskettes, luego en Cd Rom, posteriormente en DVD y últimamente por  Internet mediante la utilización de un “acceso remoto” a nuestros servidores y un singular Servicio Web en formato *.htm y *.pdf.

 

            Cfr.: http://www.bibliotecajuridica.com.co/entrada_internet.htm

 

 

SEXTO: El gobierno nacional empezó a implementar lo concerniente a la información del Estado por Internet y a contratar con la empresa privada la confección de bases de datos jurídicas, las cuales han emulado la organización, modelo y herramientas utilizadas en nuestro software pionero en esta actividad; resultando el Estado mas que eficiente; y, paulatinamente dando al traste con el producto de mi poderdante, como consecuencia de su posición dominante y gratuidad.

 

 

SEPTIMO: Ante el arrollador y plausible avance del gobierno nacional en el suministro GRATUITO de la “Información jurídica sistematizada”, la principal empresa comercializadora (Editextos Ltda.) del software fue decayendo lentamente, hasta llegar hoy día a un estado, en que económicamente no es viable.

 

 

OCTAVO: Basta observar, como ejemplo de competencia,  los siguientes resultados gratuitos arrojado por Google, al requerir por ejemplo, la búsqueda de la ley 100 de 1993. (Basta digitar LEY 100 DE 1993 en el buscador de Google ).

 

RESULTADO:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

www.slideshare.net/.../ley-100-de-1993-ministerio-de-seguridad-social

www.roldanillo-valle.gov.co/.../LEY_100_DE__1993_sistema_de_segur...

 

Puede el usuario de Internet con un “clic”, accederse a los documentos que ofrecen los resultados de búsqueda encabezados por paginas del Estado y a los índices existentes en las diferentes entidades estatales que llevan al usuario a la legislación con textos completamente editados, trabajados y concordados con notas de vigencia, actualidad y hasta comentarios de los editores contratados, como por ejemplo:

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1000.html

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

....

 

Lo anterior no es nada diferente a lo que ofrece el demandante en la pagina web de su propiedad y que comercializo Editextos J.U. Ltda.

 

Cfr.: http://www.bibliotecajuridica.com.co/entrada_internet.htm

http://190.147.213.68:8080/HOMEPAGE/ALEGIS_INTER/IND_GEN_LEGIS_ANOS.htm

 

 

NOVENO: En el mes de Julio del año de 2012 la empresa comercializadora comunicó al demandante un inexplicable bajón en las ventas del producto y prometió investigar lo que estaba sucediendo.

 

Así mismo se noto, que las demás empresas distribuidores para ese año no habían vuelto a hacer pedidos.

 

El día trece (13) de Enero del presente año, la principal empresa comercializadora expreso por escrito su deseo de no continuar con la distribución del producto “Biblioteca Jurídica Digital”, por no corresponder los gastos de administración y de derechos de autor, con el monto de sus ventas, dando como razón que sus clientes ya encontraban todo por Internet, con magnifica calidad y además provenientes de fuente muy confiable como son las paginas WEB el Estado.

 

 

DECIMO: La entrada mensual económica que le había proporcionado la distribución del software a mi poderdante POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AUTOR estuvo en un promedio mensual de $12.450.000.oo hasta el año 2008, pero en el año 2011 bajó a la suma de $9.000.000.oo, en el año 2012, promedio la suma de menos de $7,000.000.oo; y en el presente año, se presenta una baja total, previéndose que para final de este año 2013, todos los clientes hayan desertado como consecuencia de la gratuidad del Servicio prestado por el Estado. Ante esta situación mi poderdante tuvo que vender su apartamento y trasladarse a la ciudad de Fusagasuga donde podía vivir con igual calidad de vida, un poco más económico si, pero sin que esta sea una solución, pues el tiempo exige recursos económicos que a mi poderdante se  le agotan día a día.

 

 

UNDECIMO: Por estas razones, mi poderdante se encuentra en peligro de llegar a la insolvencia y consecuente indigencia, máximo cuando supera la edad de retiro forzoso, por lo que no tendrá otra forma de financiar su existencia ni la su mi esposa, pues en verdad, quedando desamparados inclusive de los más elementales derechos de seguridad social.

 

No obsta recabar que no goza de una pensión en razón a la renuncia que de ella hizo y el consecuente reclamo de una cantidad de dinero que invirtió en la perfección y actualización del software que hoy se deprecia como consecuencia de la competencia desleal del Estado y la desigualdad de la carga impuesta.

 

 

DUODECIMO: La causa de tan lamentable situación no es otra, que la competencia del Estado al ejercer la misma actividad que económicamente fue el sustento de mi mandante; especialmente la gratuidad del servicio comparado con la onerosidad  del precio comercial de mi mandante; la desigualdad en la carga administrativa que trae como consecuencia; el estado de inferioridad en que se encuentra mi poderdante frente a la posición dominante, prevalente y de superioridad económica del Estado; su poder para producir el software de información jurídica y distribuirlo gratuitamente por Internet especialmente a través de las páginas del Senado de la República, y de la Alcaldía de Bogota que entre otras, “monopolizaron” de hecho el Servicio de “Información jurídica sistematizada”, razón por la cual, se viola el principio de igualdad en la carga pública que no esta obligado a soportar.

 

 

4 - RAZONES JURIDICAS DE LA DEMANDA

 

Ha sido reiterativa la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el “Daño Especial” el que hace consistir en el resultante de una actividad legítima del Estado, en contraposición con otra actividad IGUALMENTE legitima del particular, que en nuestro caso, desmejora y aniquila la actividad del particular en razón a la “competencia desleal” con abuso de su posición dominante y el estado de indefensión del particular ante el poderío del Estado.

 

 

El acceso gratuito a la operación del servicio de “Información jurídica sistematizada” por parte de la toda la comunidad y que brindan y facilitan las diferentes entidades publicas, no se encuentra restringido en relación a los derechos de libertad económica y libre iniciativa, por lo que no se evita la concentración o conformación de un monopolio de hecho en manos del Estado; es decir, la gratuidad del servicio estatal y la inexistencia de políticas de control de las entidades encargadas de la información del Estado,  da al traste con la  apertura de mercados en manos de la empresa privada, absorbiendo día a día a todos los usuarios de este tipo de información que prefieren lógicamente la gratuidad del servicio prestado por el Estado al oneroso desembolso de un costo que por el mismo servicio le brinda la empresa privada.

 

 

            Y efectivamente el Estado, en innegable y loable actividad de beneficio social, esta sistematizando y socializando la información jurídica acorde con las técnicas existentes de sistematización, actividad en la cual, debido a su posición dominante y a su poder económico lo ha venido logrando en forma rápida y eficiente, hasta hoy día posiblemente no supera lo hecho por el particular; pero lo rezaga sin competir económicamente al ofrecer gratuitamente su trabajo, sin consideración a una actividad particular existente, pionera en estos Servicios y sin una declaratoria legal de monopolio rentístico y su consecuente indemnización como lo ordena la Constitución , pero si creando en la práctica una exclusividad de hecho en el servicio como consecuencia de su actitud concurrencial fundamentada en el uso gratuito de este.

 

Desde 1927 la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

 

Corte Suprema de Justicia

Salas Varias

Fecha: Diciembre 10 de 1927

No. de Rad.: M 0322

Tomo XXXIV P- 130

 

MONOPOLIO\Normas.

 

No puede tacharse de inconstitucional la ley que autoriza el establecimiento de un monopolio (fabricación de alcohol impotable, era el caso) por el simple hecho de que ella no diga expresamente que debe indemnizarse previamente a los que ejercen la industria materia del monopolio, pues una cosa es la facultad que confiere el legislador para el establecimiento de este arbitrio rentístico, y otra la aplicación práctica o ejecución de esa ley. La Constitución permite el establecimiento de monopolios, y por consiguiente la ley que lo establece no es inconstitucional; lo inconstitucional sería la aplicación que de ella se hiciera sin previa indemnización.

 

SUBRAYAMOS

 

Cfr.: Biblioteca Jurídica Digital

 

 

            Tradicionalmente se ha enseñado que quien causa un daño a un tercero debe indemnizarlo, y que la reparación del mismo, debe ser total, por lo que determinado el daño, su causa y su efecto, el causante no puede sustraerse a su indemnización suficiente y total por la vía de la responsabilidad extracontractual y en el caso del Estado, la Reparación Directa: Es la consecuencia de un Estado Social de Derecho y de su deber ineludible de proteger los derechos de sus asociados, de acuerdo a lo mandado por el Articulo 90 de la Carta Política, evitando, como deber ineludible, el empobrecimiento de quien ha trabajado por la grandeza del país y la igualdad en las cargas publicas.

 

            Es decir, que para desarrollar la actividad “monopolística” que el Estado de hecho ha venido paulatinamente ejecutando con el “Sistema de información Jurídica” ha debido en primer lugar, decretar por ley el monopolio como arbitrio rentístico; y en segundo lugar antes de operar, concertar la consecuente indemnización de los particulares que específicamente se encontraran dedicados a esta actividad. Así lo reitera y prescribe el Art. 365 de la Carta. Politica que me permito transcribir:

 

Art. 365.-

 

“…”

 

Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

 

SUBRAYAMOS

 

            Pero el “monopolio” estatal ha sido ejercido de hecho y el abuso de poder evidente en cuanto que, prevalido de su posición dominante y su gran capacidad económica, contrató sus ingenieros; confeccionaron sus diferentes software y los subieron a Internet para que en loable actividad fueran utilizados gratuitamente por el público en general sin consideración a los derechos existentes, ni a la actividad económica lícita preexistente en manos de particulares, creando desigualdad en la carga publica que debe soportar el particular y como consecuencia, causando un grave perjuicio que se traduce en el cierre de la empresa distribuidora del  software y en el empobrecimiento de su autor (hoy demandante) a pesar de la licitud y primogenitura de su actividad, pues en verdad, mi poderdante fue el primero en Colombia en sacar al mercado un verdadero software de “Información Jurídica Sistematizada”, facilitando la consulta de todos los textos con sus excelentes herramientas de búsqueda, impresión, copia, marcación y glosa de textos; amen del excelente trabajo de hipervinculación, concordancia, actualización con notas de vigencia, modificaciónes y derogatorias, elogiado y propuesto para importantes premios  a la “INNOVACION”, todo lo cual, casi en su totalidad, fue remedado y asimilado por los ingenieros y abogados contratados por el Estado, sin que por esto, se quiera hablar de vulneración de los derechos de autor pues no alcanzan a darse los elementos necesarios para ello.

 

El único antecedente jurídico, de la actividad del Estado  que se denuncia como perjuicio, es la directiva presidencial 02 de 2000 y el Decreto 1957 de 1997, que en su parte pertinente anota:

 

 

Directiva Presidencial 02 DE 2000

 

“Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el desarrollo de una nueva economía, la construcción de un Estado más moderno y eficiente, la universalización del acceso a la información, y la adquisición y eficaz utilización del conocimiento, todos estos elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna.”

 

“…”

Estrategia de gobierno en línea

“Son responsabilidad de las entidades del Estado destinatarias de esta Directiva Presidencial el cumplimiento de estas instrucciones generales, además de las que se detallan más adelante:

“1 - Identificar las necesidades de tipo normativo para atenderla satisfactoriamente y en caso de ser necesario proponer o tramitar las modificaciones normativas requeridas, ante las autoridades competentes, para lo cual tendrán un plazo máximo del 31 de diciembre de 2000.”

“…”

Decreto 1957 de 1996

Artículo 3o.- Funciones. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

 

“…”

“1. Promover el uso de Internet como medio de comunicaciones y divulgación de información del gobierno colombiano.

2. Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de los derechos de autor de la información publicada a través de Internet.”

“…”

            Ni lo uno ni lo otro, pues la directiva se refería a la posibilidad  de choque entre los derechos individualmente considerados y los que iba a ejercer el gobierno en la agenda de conectividad, previniendo lo concerniente a la institucionalización de un  monopolio rentístico de hecho, que bien  hubiese podido evitar si se cumple con lo dispuesto en la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que la “información jurídica sistematizada” se encontraba en manos de particulares y en el caso de mi poderdante, con registro de derechos de autor.

 

            Y se realiza el monopoio, a pesar a lo ordenado a la Comisión Gubernamental para Publicación de Información y Servicios a través de Internet, en el Decreto 1957 de 1996 que perentoriamente le ordena asesorar al Gobierno “en la protección de los derechos de autor de la información publicada a través de Internet” dejando en el aire lo concerniente a la actividad de particulares en esa industria que podían ser afectados por la desigualdad de la carga.

 

Asi las cosas, hoy en día, le basta a nuestro antiguo usuario utilizar cualquier BUSCADOR DE INTERNET conocido, o entrar a la pagina de la entidad estatal, para entresacar la información jurídica de sus paginas web, totalmente actualizada y concordada, con notas de vigencia y hasta comentarios de su editor; paginas publicitadas por el Estado con la pertinente e irresistible filosofía del servicio gratuito, pero sin tener en cuenta la quiebra de las empresas, el perjuicio y empobrecimiento de los particulares, la destrucción de una actividad lícita y la iniquidad en el derecho a la igualdad de la carga que le impide al particular competir con éxito, con un monstruo económico como lo es el Estado.

 

 

            Con esta actitud, no solamente actúa el Estado de hecho en franca “competencia desleal” agravada por la plausible gratuidad de sus Servicios, sino que viola presupuestos constitucionales como el amparo a la actividad económica y a la iniciativa privada; se apodera de una actividad laboral lícita ejercida por el particular y viola el principio de igualdad con su gratuita superioridad competitiva al tener que soportar el demandante una carga y un sacrificio mayor que no podrá igualar dada su estado de inferioridad económica frente a la prepotencia del Estado.

 

            No puede ocultarse en esta actitud, el libertinaje de la competencia económica concurrencial ejercida por el Estado enmarcada en la “plausible gratuidad” de su servicio, lo cual se contrapone irónicamente a los derechos y obligaciones consagrados en el Articulo 333 de la C. N.; al permitir como consecuencia, que se obstruya o se restrinja la libertad económica sin  evitar ni controlar cualquier abuso que personas o empresas y en este caso el propio Estado, hagan de su posición dominante en el mercado nacional; máximo cuando esta actitud se encuentra conectada en línea directa con la actividad lícita de un particular de vender “información jurídica sistematizada” que resulta perjudicado antijurídicamente en sus fundamentales derechos constitucionales y por ende, en sus intereses laborales y económicos.

 

 

Tampoco se puede dejar de mencionar, la consecuencia de la actitud del Estado en el derecho fundamental consagrado en el Articulo 25 de la C. N., pues su superioridad frente al inerme particular hace nugatorio el derecho laboral de las personas dedicadas a esta actividad, y en el caso en concreto, a la actividad lícita productora del sustento de una persona que por su edad le es imposible ejercer su profesión y menos aun cambiar de actividad, lo que la ubica en especial estado de protección por su indefensión e inferioridad y en el grave e inminente peligro de violación de otros sagrados derechos fundamentales como son la vida y la salud al privarlo de los únicos recursos económicos que le proporcionan su subsistencia, amen del ataque al libre desarrollo de su personalidad al impedirle el ejercicio de su labor mediante una actividad que le resulta practica y placentera, consecuencias éstas de la violencia ejercida por el Estado, si de tener en cuenta se trata, su formación cultural, su status social y su acostumbrado y merecido prodigo vivir.

 

 

            No sobra acotar que conocemos la inmemorable obligación que tiene el Estado de publicar las leyes, la jurisprudencia, y demás documentos de contenido jurídico e interés general como consecuencia del principio de publicidad de los actos del Estado lo cual lo ha venido haciendo a través de sus publicaciones estatales como el denominado “DIARIO OFICIAL”, las “Gacetas Oficiales”, medios que precisamente suministraron la materia prima para el trabajo informático realizado en nuestro software, amén de la publicación de las sentencias de las Altas Cortes en los respectivos Anales.

 

 

            Pero a lo que no ha sido autorizado expresamente el Estado es al trabajo intelectual realizado sobre estos documentos como concordarlos, actualizarlos, glosarlos, comentarlos, relacionarlos y referenciarlos por medio de hipervínculos utilizados en sistemas, con otros documentos; completarlos con las respectivas notas de vigencia, derogación, subrogación o modificación y relacionarlos con los estudios de constitucionalidad, tutela, nulidad, suspensión realizados por la Honorable Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así como, la inclusión o pegamiento referencial en cada norma de los textos originales de jurisprudencia de las Altas Cortes como doctrina interpretativa de la norma, de todo lo cual hoy en día, se apropio el Estado sin existencia de norma alguna que así lo autorice y que en otrora lo realizará con gran éxito el demandante.

 

 

 

 

5 - NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS

CONCEPTO DE VIOLACION

 

El Articulo 13 de la C. N.  prescribe:

 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS 

Y LOS DEBERES 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

SUBRAYAMOS

 

 

 

“…”

 

Art. 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

SUBRAYAMOS

 

 

 

 

Art. 336.- Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. 

 

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. 

La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. 

 

Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. 

 

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. 

 

La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. 

 

El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia en los términos que determine le ley. 

 

En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

 

SUBRAYAMOS

 

            En efecto, el Estado al crear las bases de datos jurídicas y proporcionar gratuitamente ese servicio por Internet a la ciudadanía en general, impone un “monopolio de hecho” de esa actividad sin arbitrio rentístico, en razón a la desigualdad que crea la gratuidad de su servicio frente a la empresa que subsiste económicamente de su comercialización, imponiéndole al particular una carga que le es imposible soportar, amen de la eficiencia en su prestación, lo que jalona para sus páginas WEB todo el consumo de tan especiales usuarios, sin alternativa alguna para competir y convierte su actividad en cocurrencial por su gratuidad, asomándose de cuerpo entero a la ventana de la deslealtad comercial.

 

 

Esta actividad gratuita del Estado, aunque plausible, pues es el desarrollo de una actividad beneficiosa para la colectividad y además apuntada hacia su desarrollo cultural, tiene como efecto un monopolio de hecho de un servicio por parte del Estado, causando un daño patrimonial al particular que sobreviviendo económicamente de esta actividad, lo imposibilita a competir, tornándose esta actitud del Estado en ilegitima pues contradice lo preceptuado en la Constitución al no existir ley que así lo establezca y en ilícita, si de tener en cuenta el efecto concurrencial que la gratuidad le imprime; efecto tipo de la “competencia desleal”, privando como consecuencia al particular de una actividad licita sin indemnización económica previa que presuntamente iguale las cargas y evite el grave desmedro de sus derechos fundamentales.

 

 

            Así, la actitud dominante del Estado con su poder económico y la loable eficiencia de su servicio, destruye la actividad del demandante que tiene que resignarse a perder su actividad y renunciar a sus expectativas económicas, pues le es imposible encontrar una solución que lo lleve a la igualdad frente a la “competencia desleal” del Estado marcada con esa irresistible gratuidad del Servicio.

 

 

            En el caso en concreto, frente al demandante y sus circunstancias personales, no solamente se viola el principio constitucional a la igualdad (Art. 13 C. N.), lo que de por si es indemnizadle, sino que además, resultan eminentemente comprometidos otros derechos fundamentales como la garantía constitucional a la iniciativa privada, la libre competencia económica, el control a cualquier abuso de posición dominante de acuerdo a lo señalado en el Art, 333 de la C., N., sin perder de vista otros derechos fundamentales de improrrogable tutela, lo cuales, a continuación, me permito analizar.

 

 

 

6 – OTROS DERECHOS VIOLADOS

 

 

            6.1. LIBERTAD DE EMPRESA

 

            La libertad de empresa es un derecho constitucional consagrado en nuestra carta y sería lógico pensar que cualquier restricción a esa libertad es obligación del Estado sancionarla. Pero si es el propio Estado el que restringe esa libertad mediante la imposición de un monopolio de hecho y/o de una competencia desleal con abuso de su posición dominante, e imponiendo cargas que violan el principio de igualdad, debe de indemnizar los daños y perjuicios causados al particular como una forma de “restablecer sus derechos”. Así esta consagrado en el Articulo 333 de la C.N. que me permito transcribir:

 

                 

Art. 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

[SUBRAYAMOS]

 

 

            6.2. DERECHO AL TRABAJO

 

            La constitucion nacional en su Articulo 25, prescribe:

 

Art. 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado . Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

            El Estado, al desarrollar en forma gratuita la misma actividad del demandante, le quieta al reclamante el derecho a trabajar, pues no puede ejercer su actividad por no encontrar una remuneración justa y digna, ya que el Estado lícitamente pero imponiendo una carga insuperable ofrece gratuitamente el producto que el particular demandante produce con un esfuerzo productivo que tiene un costo no competitivo con la gratuidad con que el Estado ofrece el mismo producto. Se viola entonces el derecho al trabajo que el Estado constitucionalmente tiene que proteger.

 

 

            6.3. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 

Art. 16.- Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

 

Una de las perspectivas del hombre es vivir de acuerdo con sus ilusiones realizables con el producto de su trabajo. Y una de estas ilusiones es atesorar un patrimonio que le permita, en primer lugar vivir cómodamente; en segundo lugar, proyectarse en la historia mediante la autoría de su obra y el ofrecimiento de ese patrimonio cultural y económico a sus herederos; y en tercer lugar, dejar una huella de servicio ante la sociedad. Es el sentido quimérico de su existencia.

 

            Pero cuando esto no se realiza, no por falta de capacidad de la persona, sino como consecuencia del poder dominante y el consecuente avasallamiento de un Estado, se atenta contra su libertad y autonomía y se le arrebatan sus principios éticos como sujeto de derecho. Si la persona es libre y autónoma para cualquier actividad como lo prescribe la constitución con las limitantes del derecho de los demás y el orden jurídico, con mayor razón cuando se trata de una actividad cuyo producto tiende a la facilitación de la culturización de la sociedad, en especial, al conocimiento del derecho como fuente de orden, de paz, de sosiego social y de justicia. Se ha violado el derecho al desarrollo de su personalidad y su sueño de ser autor e ilustrador del derecho.

 

 

6.4. SEGURIDAD SOCIAL

           

La Honorable Corte Constitucional ha dicho que

 

“El concepto de seguridad social hace referencia al conjunto de medios de protección institucionales frente a los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de los individuos y sus familias para generar los ingresos suficientes en orden a una subsistencia digna.”

 

            Es así, como al quedar  el demandante desprotegido económicamente, y siendo que la seguridad social tiene un costo que no solamente el Estado asume frente al particular, sino que deben de tenerse los recursos necesarios para su afiliación, el pago mensual de los servicios públicos, el costo de su manutención; el cubrimiento de las cuotas moderadoras para la salud; o si es su capricho, el pago prepagado de la medicina o la libertad de concurrir al medico de su confianza, recursos que solamente eran posibles para el demandante con el pago de los derechos de autor que percibía en razón a la actividad licita que obligatoriamente tiene que abandonar, no pudiendo sufragar los costos de esos derechos, queda expuesta su salud, su recreación, su bienestar, el desarrollo de su personalidad y como consecuencia, la vida del petente y de su familia, los cuales, son derechos fundamentales irrenunciables y de obligatoria protección Estatal.

 

           

6.5. MONOPOLIO DE HECHO

 

No puede catalogarse de otra manera, sino de monopolio no rentístico o monopolio de hecho contrario a la norma constitucional, la actitud concurrencial del Estado al prestar un Servicio que un particular presta comercialmente en forma onerosa.

 

El despojo de sus clientes favorece a la sociedad pero perjudica a quien comercialmente prestaba ese Servicio, carga que auncuando beneficiosa en un estado social de derecho, no puede soportar el demandante, creando el Estado una situación de inequidad que debe indemnizar a ese miembro de la sociedad que deja de percibir los recursos económicos para su defensa.

 

 

7 - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

 

            Siendo ciertos como lo son, los anteriores hechos y las precedentes consideraciones, tenemos que es clara la responsabilidad del Estado de acuerdo a las siguientes argumentaciones:

 

El artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos de la responsabilidad objetiva del estado, los cuales son:

 

 

i)             La imputación

           

            Es el Estado mediante su política licita de agenda de conectividad y otras políticas de modernización informática, el que promueve (gratuitamente) por Internet, al igual que el demandante (onerosamente), la “información jurídica sistematizada” sin importar para nada al Estado, que esta actividad es desarrollada y explotada por un particular como medio de subsistencia y con anterioridad a su actividad, lesionando derechos fundamentales del demandante que no esta en la obligación de soportar y a los cuales no se puede resistir dada su condición de inferioridad económica, frente a la posición dominante de ofrecimiento gratuito del Estado y su gran capacidad logística y económica.

 

            Acaba con la actividad desarrollada por el particular, no solamente el hecho de subir la información jurídica a Internet debidamente analizada, concordada referenciada y provista de sus respectivas notas de vigencia y actualidad a sus Servidores Web, sino el de permitir el escaneo a los buscadores mundiales de Internet de toda esta información, facilitando a los usuarios la búsqueda y recuperación gratuita de cualquier documento jurídico debidamente actualizado y anotado, trayendo como consecuencia, la lógica deserción de los usuarios del  software del demandante con el consecuente empobrecimiento de su autor, daño que debe ser resarcido por quien es su causa: La Nación.

 

 

ii)            El daño antijurídico

 

Efectivamente el Estado con la actitud denunciada, impide que el demandante siga ejerciendo su actividad licita por cuanto la gratuidad que brinda el Estado en similar servicio, no permite la venta de su producto en condiciones competitivas, por lo que se produce un daño antijurídico al privar al particular demandante del desarrollo de una actividad licita y prosperar económicamente, en perjuicio de su patrimonio y con la consecuente violación, desvalorización y puesta en peligro de otros fundamentales derechos constitucionales.

 

Así las cosas, el Estado constitucionalmente permite una actividad que solapadamente restringe concurrencialmente con su gratuidad, prestando un servicio con características monopolísticas pero sin que cumpla con la obligación constitucional de declararlo, rompiendo el equilibrio y la igualdad comercial, al no cumplir con la previa obligación constitucional de resarcir.

 

            Por esta razón, la doctrina y la jurisprudencia han establecido en reiteradas oportunidades, que es cierto que, aún tratándose de una actuación legítima del Estado hay lugar a la reparación del daño cuando se genera una carga mayor para unas personas, con fundamento en la doctrina del daño especial o anormal que se deduce del principio de igualdad ante las cargas públicas (art. 13 Constitución Política):

 

"Tenemos entonces que hay ocasiones en las cuales la administración aún actuando diligentemente, sin falla o falta del servicio, puede causar un daño a los administrados.

 

Es así que por ejemplo en el caso de la responsabilidad por daño especial vemos que el Estado en ejercicio de una actividad legítima, sin falta, causa al administrado un daño especial, anormal, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas debiendo indemnizarlo por razones de equidad.”

 

Consejo de Estado

Radicación número: 6805

Santafé de Bogotá D.C., abril nueve (9) de mil novecientos noventa y dos (1992)

 

 

            Y es verdad, que como consecuencia de la situación a que se ve avocado el demandante por la actividad licita del demandado y su posición dominante y concurrencial, se genera una carga mayor que el demandante no puede soportar, pues es imposible comercialmente competir contra un producto de buena calidad que se brinda gratuitamente, amen del estado de inferioridad económica ante la superioridad manifiesta del Estado, y menos aun teniendo que soportar  un consecuencial el empobrecimiento paulatino pero seguro de su patrimonio.

 

 

            Por lo tanto, habiendo el Estado acabado con el único recurso económico del demandante, siendo este licito como desarrollo de una actividad laboral y anterior a la actividad del Estado que desmedra su economía, y, primordial para todos y cada uno de los aspectos de su seguridad social,  le corresponde a su causante indemnizarlo sin empobrecerlo y en su justa proporción, mediante la utilización de la teoría indemnizatoria del daño especial a pesar de la actividad diligente de la administración y amen de su plausibilidad en el ámbito social, que no justifica el sacrificio económico de un ciudadano y el peligro de la eminente violación a otros derechos fundamentales.

 

 

8 - CUANTIA

 

            Estimo la cuantía en una suma superior a los TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 3.260.000.000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA asi:

 

3.1. DAÑO ENERGENTE

3.2. LUCRO CENSANTE

3.3. PERJUICIOS MORALES     

De Acuerdo al Petitum de la Demanda

TOTAL

3.260.000.000.oo

 

En consecuencia, por la cuantía, la naturaleza del proceso y la calidad de las partes, son Uds. Honorables Magistrados competentes para conocer de la presente demanda de REPARACION DIRECTA en su modalidad de Daño Especial.

 

 

 

9 - PRETENSIONES

 

 

9.1 Principales :

 

Como consecuencia de lo anterior, solicito que se condene a La Nación solidariamente con todos y cada uno de los demadados a pagar por medio de la entidad pertinente, de acuerdo a la siguientes peticiones:

 

A)   Perjuicios Materiales.- Una suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 3.000’.000.000.oo) indexables hasta cuando se produzca su pago.

 

 

B)   Lucro Cesante.- La suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA mensuales, indexables hasta cuando se produzca el pago de los perjuicios materiales.

 

C)   Perjuicios Morales.- Con la suma de 1.000 gramos oro o su equivalente en salarios mínimos legales, por concepto de perjuicios morales causados al autor demandante, como consecuencia de la competencia desleal del Estado, su actitud concurrencial al ofrecer el producto en forma gratuita, la perdida de su trabajo, el miedo y la angustia de enfrentarse a un grave estado de insolvencia económica, la imposibilidad y frustración de tener un patrimonio digno que suceder, las consecuenciales  restricciones a su seguridad social, y la imposibilidad del desarrollo de su personalidad.

 

 

9.2. Subsidiarias:

 

 

Subsidiariamente solicito que la Nación solidariamente con las entidades demandas, sea condenada a pagar :

 

 

1 – Por el Daño emergente.- La suma de UN MIL QUINIENTOS  MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.500.000.000) Moneda legal Colombiana como perjuicios materiales ocasionados como consecuencia del Monopolio Estatal no declarado superando ampliamente el umbral de sacrificio de debía soportar el demandante.

 

 

2 – Por Lucro Cesante.- Una pensión mensual vitalicia correspondiente a una suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, indexable anualmente, sustituible y  heredable de acuerdo con la ley.

 

 

3 – Perjuicios Morales.- Con la suma de 1.000 gramos oro o su equivalente en salarios mínimos legales, por concepto de perjuicios morales causados al autor demandante, como consecuencia de la competencia desleal del Estado, su actitud concurrencial al ofrecer el producto en forma gratuita, la perdida de su trabajo, el miedo y la angustia de enfrentarse a un grave estado de insolvencia económica, la imposibilidad y frustración de tener un patrimonio digno que suceder, las consecuenciales y restricciones a su seguridad social, y la imposibilidad del desarrollo de su personalidad.

           

 

 

10 -ACCION PRETENDIDA

 

            La acción pretendida es la de REPARACION DIRECTA fundamentada en la teoría del Daño Especial, por responsabilidad objetiva estatal al imponer cargas administrativas que el demandante no esta obligado a soportar.

 

 

 

11 - DERECHO

 

 

Son fundamentos de las anteriores peticiones:

 

Los Arts. 1, 2, 4, 11, 13, 14, 16, 20, 25, 26, 46, 71, 85, 91, 333, 336, de la Constitución Nacional.

 

Arts. 1094 y ss. C. Civil; N. C. C. A. Arts. 140, 152, 161 y ss.

 

 

12 - PRUEBAS

 

12.1 – DE LA SIMILITUD DE ACTIVIDADES - CAUSA

FOLDER DE PRUEBAS No. 1

 

Con los siguientes documentos:

 

12.1. 1. Cd Rom con LA MUESTRA de los hipervínculos de Internet de las páginas del Estado y del Demandante, con ejemplo y muestra del trabajo realizado por cada cual y su similitud ……………………………………………………. Folio 1

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1000.html

http://190.147.213.68:8080/HOMEPAGE/ALEGIS_INTER/LEYES_Y_DECRETOS/1993/LEY_100_DE_1993.pdf

http://190.147.213.68:8080/HOMEPAGE/SUMMA_JURIS/entrada_internet.htm

http://www.bibliotecajuridica.com.co/

 

 

12.1.2. Muestras.- Veintidós [22] folios con muestras de paginas web tanto del producto del autor “Biblioteca Juridica Digital” como de las paginas del Estado, que prueban su similitud. ………………………………………………………. Folio 2  a 30

 

 

 

12.2- DE LA CALIDAD DEL DEMANDANTE

FOLDER DE PRUEBAS No. 2 (folios 23)

Con los siguientes documentos:

 

12.2.1. – HOJA DE VIDA, .……………………………………………... Folio 31  a 36

12.2.2. – DERECHOS DE AUTOR …………………………………………….Folio 37

12.2.3. – ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ………………………………Folio 38

12.2.4. – PASADO JUDICIAL ………..…………………………………………Folio 39

12.2.5. – Boletín de Responsables Fiscales ……………………………Folio 40 a 41

12.2.6. – Ejecutorias Profesionales   …………………………………….Folio 42 a 71

 

 

12.3 – DE LA EXISTENCIA Y CALIDAD DEL PRODUCTO

3 - FOLDER DE PRUEBAS No. 3

Con los siguientes documentos:

Propagandas y otras Manifestaciones………………………..Folio 72 a 84

 

12.3.1. RECONOCIMIENTO PUBLICO DEL PRODUCTO

            12.3.2.1. Carta de egresados, folio 72

            12.3.2.2. Carta de Usuario, folio 73

            12.3.2.3. Comentario Editorial La Republica, folio 74

            12.3.2.4. Postulacion Categoría Innovación PORTAFOLIO, folio 75

`          

 

12.3.2.- PROPAGANDA DEL PRODUCTO

            12.3.2.1. Folios 76 a 81

            12.3.2.2. Participación en feria exposición Folio 82 a 84

 

 

12.4 - DEL DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE

           

            12.4.1. – Documentales…………………………………………Folios 85 a 161

 

12.4.1.1 – Certificación de Editextos J. U. Ltda. sobre cuenta en la cual se consignaban los derechos de autor  Folio 86

 

12.4.1.2 – Certificación de Davivienda sobre la titularidad de la cuenta Corriente No. 115-0541758 y la firma autorizada. Folio 85

 

12.4.1.3 – Carta Suspensión de Comercialización y explicación  de Editextos J. U. Ltda. al autor JOSE M. FORERO BAUTISTA 87 a 91

 

12.4.1.5 – Certificación de Editextos J. U. Ltda., sobre promedios consignados durante los años 2008 a 2012, al autor. 92

 

12.4.1.6 – Venta de apartamento del autor Folio 99

 

             12.4.1.7. – Extractos consignaciones de derechos de Autor

( Cinco años)   Folios 100 a 161

 

 

12.4.2 Testimoniales

 

12.4.2.1. Declaración del Gerente de “Editorial Leyer” Limitada, señor Dr. Hidelbrando Leal o quien la represente, para que certifique el monto de las ventas del producto “Biblioteca Jurídica Digital” durante los últimos  cinco años y la cuantía de los pagos realizados por concepto de derechos de autor al Dr. José M. Forero Bautista.

 

12.4.2.2. Declaración del Gerente de “Doctrina y Ley” Ltda. Señor Dr. Alberto Reyes o quien lo represente, para que certifique el monto de las ventas del producto “Biblioteca Jurídica Digital” durante los últimos  cinco años y la cuantía de los pagos realizados por concepto de derechos de autor al Dr. José M. Forero Bautista.

 

12.4.3.3. Declaración extrajuicio rendida por la Gerente de Editextos J. U. Ltda., sobre lo concerniente a la comercialización del producto “Biblioteca Jurídica Digital” durante los últimos  cinco años y la cuantía de los pagos realizados por concepto de derechos de autor al Dr. Jose M. Forero Bautista.

 

 

12.4.3. Periciales

 

 

Respetuosamente solicito al señor Juez dictamen pericial para probar la concurrencia del Estado con la actividad económica del demandante, su gratuidad y el efecto que puede representar en el comercio. Para tal efecto debera oficiarse a la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Asi mismo, solicito al señor Juez Decretar Dictamen pericial el avaluó tanto de los perjuicios materiales como el de los perjuicios morales, de acuerdo a las pruebas arrimadas al proceso.

 

 

 

13 - AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA:

 

 

En el presente caso,  por tratarse de una acción de REPARACION DIRECTA por daño especial, no es procedente el agotamiento de la vía gubernativa.

 

                                               

14  - PROCEDIBILIDAD

 

 

El requisito de procedibilidad fue agotado con la convocatoria a todas la entidades a las cuales se refiere la presente demanda según constancias de Audiencias de no CONCILIZACION que en    folios se adjuntan con la presente demanda.

 

 

15  - ANEXOS

 

a)    Poder conferido a la Dra. Andrea del Pilar Forero Moya

b)    Los documentos relacionados  en el acápite de pruebas

c)    Copias seis (7) de la presente demanda y de sus anexos para el traslado ordenado por la Ley a los demandados y al Ministerio Publico y a la Defensa Jurídica del Estado.

d)    Una copia de la presente demanda y sus anexos para archivo del Honorable Tribunal.

 

 

16  - DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

 

a.    Los demandantes:

 

La Apoderada recibo notificaciones personales en la Secretaria de la Honorable Corporación o en mi oficina ubicada en  la Carrera  64A No. No. 22-14 Torre 2, Oficina 1001, Teléfono 354 12 16    300 556 90 94 – 301 303 57 42 o en mi e_mail andreaforerom@gmail.com

 

El demandante, en la Transversal 6ª. No. 30-60 Etapa VII de la ciudad de Fusagasuga (Urb. EL ENCANTO) o en el e_mail joseforerob@gmail.com

 

b.    Los Demandados:

 

- DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Cra 7 No. 75-66 Piso 2 y 3º.

Telefono 255 89 33

 

 

- SENADO DE LA REPUBLICA

Edificio del Congreso Carrera 7 , Calle 8 y 9 de esta ciudad de Bogota. Telefonos: PBX: (57)(1) 3823000 - (57)(1) 3824000. Fáx: (57)(1) 382 6112. Línea Gratuita: 01800 122512

 

- MINISTERIO DEL INTERIOR

Sede Principal La Giralda Carrera 8 No. 7 – 83, PBX: (57) 1 242 7400 (Comunica con todas las dependencias)

 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá, Colombia | Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34 60

 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Cra 8 No. 10 - 65 Teléfono: (571) 381 300

 

 

 

 

 

De los Honorables Magistrados,

 

 

 

ANDREA DEL PILAR FORERO MOYA

C.C. No. 52.228.692 de Bogotá

T.P. No. 165.869 del C.S de la J.

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO CODIGO CONTENCIOSO

PARTE SEGUNDA 

ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA

TÍTULO V

DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO III

Requisitos de la Demanda

 

 

Art. 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

 

1. La designación de las partes y de sus representantes.

 

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

 

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

 

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

 

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

 

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

 

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.

 

 

 

NUEVO CODIGO CONTENCIOSO

PARTE SEGUNDA 

ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA

TÍTULO V

DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO III

Requisitos de la Demanda

 

 

Art. 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.

 

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

 

 

 

Art. 164.-

Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

 

 

 

 

 

 

Art. 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

 

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, noti-ficación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

 

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.

 

2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho.

 

3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

 

4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

 

5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.